Las autoridades redujeron en cuatro años, a diez, la edad mínima para trabajar.
El gobierno boliviano, que en breve tendrá la responsabilidad de poner en marcha el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, identificó hace seis años a unos 850,000 niños trabajadores de entre cinco y 17 años de edad, una cifra que, según cálculos de organizaciones de los pequeños trabajadores, pudo llegar al millón.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó una normativa que permitirá «excepcionalmente» el trabajo infantil desde los diez años, un indicador que reduce en cuatro años la edad mínima que reconocía el Estado para estas tareas. La norma, que será promulgada hasta antes del 6 de agosto, fue criticada por la Defensoría del Pueblo.
El Código reemplazará a la Ley del Niño, Niña, Adolescente, -que estuvo vigente 15 años- pero su aplicación no será inmediata, pues otorga un año para que las 337 alcaldías y las nueve gobernaciones del país se adecúen a la nueva normativa y hagan las inversiones necesarias, explicó el diputado oficialista Rodolfo Calle.
El texto dispone que los niños entre 10 y 14 años de edad podrán realizar trabajos por cuenta propia, bajo la supervisión de sus progenitores, «siempre que la actividad no afecte su formación educativa».
La normativa también reconoce las actividades laborales «por cuenta ajena» de adolescentes de 12 a 14 años, aunque se reduce la jornada laboral de ocho a seis horas y se establece que reciban todos los beneficios de los adultos.
La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarachi, explicó que se ha realizado un seguimiento «detallado» a la aprobación de la nueva normativa y aseguró que el «trabajo infantil en Bolivia expresa una de las facetas más dolorosas de la pobreza» que llama al Estado -dijo- a asumir un papel mucho más activo que el actual.
Según el informe del Ministerio boliviano de Trabajo y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuyos datos son referentes oficiales en esta temática, la cantidad de niños que trabaja (850,000) representa el 28 por ciento de la población comprendida entre cinco y 17 años.
De la cantidad de niños que trabaja, 397,000 está en las ciudades y 452,000 vive en las áreas rurales. El 87 por ciento lo hace en oficios considerados peligrosos porque se pone en riesgo «la salud, la integridad física y la dignidad», refiere el informe.
Guarachi recordó que estos oficios, que el Estado boliviano se comprometió a erradicar, están básicamente en la zafra, la minería, recolección de basura; en la venta de bebidas alcohólicas y en centros nocturnos de diversión, entre otros.
La funcionaria informó que en mayo su oficina realizó una inspección en un grupo de oficinas de empleo en las que se buscaba «muchachos» para cumplir estas labores. «Tenemos sobrados ejemplos que es una Ley que no está acompañada de recursos y se queda como un conjunto de buenos deseos», sostuvo.
La Constitución de Bolivia prohíbe «el trabajo forzado y la explotación infantil» y reconoce que «las actividades» de los niños deben estar orientadas a su «formación integral» y la nueva normativa ratifica este precepto.
Ahora «es el Estado que ahora debe buscar fortalecer sus políticas sociales con mejores condiciones de empleo para los padres de familia, de manera que los niños no tengan que ayudar a sus familias», puntualizó la funcionaria.
Según el informe de Unicef y del Ministerio boliviano de Trabajo, en 2008, en promedio, el presupuesto social para la niñez representó el 43.5 por ciento del total de gasto público social.
«La nueva ley nos protegerá a los niños y adolescentes trabajadores porque la jornada laboral es de seis horas y luego podremos estudiar, ese es un aspecto que nos tiene conformes», indicó el representante de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), Kevin Yucra, de 15 años.
El joven trabajador aseguró que la ley plantea una forma de evitar la explotación infantil en el país y que permitirá que muchos de los niños trabajadores tengan la oportunidad de estudiar y capacitarse.