Cuando no hay acceso a servicios básicos, ni a derechos fundamentales como la educación.
"Vivir en un asentamiento en América Latina no sólo es vivir día a día con un montón de derechos vulnerados, sino también vivir la exclusión en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo", aseveró Agustín Algorta, director social de TECHO.
La ONG chilena trabaja en asentamientos informales de 19 países de América Latina, una región donde, según cifras de Naciones Unidas, unas 113 millones de personas viven en este tipo de lugares. Y eso supone un 25 por ciento de la población total.
De acuerdo a la organización TECHO, en mayo de 2015 existían 3,500 asentamientos informales en Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Chile. Se espera que esta cifra aumente considerablemente para 2016, cuando se sume el catastro de Paraguay, Colombia, Guatemala y Venezuela.
Una primera aproximación resume que sólo en la capital colombiana, Bogotá, existen 125 asentamientos informales que componen más de 55,450 hogares.
En Chile, la cifra de asentamientos alcanza 673 catastrados, que agrupan a 32,533 familias, un número similar al contabilizado en el año 2005.
Según el Banco Mundial, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década. Se estima que sólo entre 2006 y 2011, el producto interno bruto (PIB) de este país sudamericano creció más de 20 por ciento.
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Actualmente, la renta media per cápita de los 17.6 millones de habitantes del país es de 23,165 dólares. Sin embargo, el 7.8 por ciento de la población es pobre.
"Desde el punto de vista multidimensional de la pobreza, seguramente el 100 por ciento de las personas que habitan en asentamientos irregulares están en esa condición", dijo Algorta.
Esto se mide, entre otros, por el acceso a derechos básicos como la luz, el agua potable, pero también a derechos fundamentales, como salud y educación.
De acuerdo a un estudio de TECHO, un 76 por ciento de las viviendas de campamentos no cuenta con acceso a la red agua potable, un 91 por ciento no cuenta con alcantarillado, un 48 por ciento no tiene acceso formal a la electricidad y un 98 por ciento de las personas que habita en campamentos no ha llegado a la universidad.
"Para estas personas, vivir ahí no es una opción, sino que no les quedó otra, porque el mercado las expulsó", aseveró el experto. Y en su opinión, hay dos grandes causas que explican esta situación: la urbanización y la desigualdad.
"América Latina es la región más urbanizada del planeta. El 80 por ciento de la población de la región vive en ciudades que no estaban preparadas para recibir a tanta gente que migró desde 1950 a la fecha", explicó.
"Los Estados dejaron el problema a manos del mercado y, como consecuencia, el que tiene plata vive con comodidades y el que no, lo hace en asentamientos informales o en zonas periféricas donde el acceso a servicios básicos no está garantizado", añadió.
Todo esto, recordó, en la región más desigual del planeta.
En el caso de Chile, se trata del país más desigual de la OCDE: el uno por ciento más rico se lleva el 31 por ciento de los ingresos y la mitad de los trabajadores del sector privado percibe poco más de 331 dólares mensuales.
Debido a esto, Algorta enfatizó que llegó el momento de actuar, y la solución es clara: "Hay que atacar las causas de raíz", dijo.
Y es que si bien hay que trabajar por dar una solución a las familias que actualmente viven en asentamientos, es necesario cambiar las reglas del juego para terminar con el origen del problema.
"La voluntad de los gobiernos siempre está, pero las políticas deben ir mejor enfocadas", sostuvo. La clave, dijo, es involucrar a los propios habitantes de los asentamientos en la búsqueda de soluciones.
"Y no sólo hay que pensar la solución con ellos, sino también construirla junto a ellos. Esa es la construcción social del hábitat", concluyó.
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