El derecho a decidir de manera libre, segura y gratuita sigue siendo una demanda urgente para las mujeres en México. El 17 de mayo, Guerrero se convirtió en el octavo estado en despenalizar el aborto después de más de 15 años de lucha desde diferentes ámbitos. Esto representa un gran avance para los derechos de las mujeres. Sin embargo, el avance legislativo no soluciona todo, el acceso al aborto en la entidad incluye otros aspectos como el racismo estructural y la violencia que impacta de manera diferenciada a mujeres indígenas y afrodescendientes de estas comunidades. Una situación ante la que estas mujeres han conformado una tribu que podría dar luz a la creación de nuevas políticas públicas y nuevas prácticas sociales en todos los rincones del país.
Por los caminos del sur
Vámonos para Guerrero
Porque en él le falta un lucero
Compositor: José Agustín Ramírez
Entre sierras y océanos, entre violencias e injusticias, discrmininación y criminalización, hay un eco por el derecho a decidir que retumba en los caminos de la montaña hasta las costas del Pacífico. Guerrero, una de las entidades más afectadas por múltiples violencias en el país, cuenta con décadas de lucha social y negación a los derechos humanos. Pese a este contexto, hay mujeres que acompañan a otras para abortar.
De voz en voz se han creado redes de acompañamiento. Se sitúan desde Cuajinicuilapa, Acapulco, Ayutla de los Libres, Bajos del Ejido hasta la montaña de Guerrero, todo con el objetivo de sostener y guiar a mujeres mestizas, indígenas y afromexicanas de diferentes edades en la interrupción voluntaria de sus embarazos.
En Guerrero aún no se cuenta con una estructura para hablar o atender la reproducción y salud sexual de las mujeres, para hablar de violación y embarazos no deseados en niñas menores y adolescentes, para hablar del miedo y el estigma que viene de la misma comunidad hacia quienes quieren ejercer su derecho a decidir, señalan quienes acompañan abortos.
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Violencia sexual desde uno de los 63 mil 595 kilómetros de Guerrero
Jaguares en las marañas
Y pájaros sobre el río
Es un bello desafío
A un costado de la laguna de Coyuca, en Bajos del Ejido, uno de los 81 municipios del estado de Guerrero, vive Nancy, una mujer indígena que ha acompañado por 12 años a mujeres del estado jaguar que deciden abortar. Hace llamadas a organizaciones de la Ciudad de México para conseguir Misoprostol, fármaco usado comúnmente para interrumpir un embarazo, o pide ayuda a las parteras, conocidas en su labor tradicional para asistir a mujeres al parir, para que con un té les vuelva el periodo menstrual a quienes han solicitado el acompañamiento. Nancy y las habitantes del estado han luchado por ser ellas quienes decidan sobre sus cuerpos.
En abril, los días en las playas de Guerrero son los favoritos para los habitantes y turistas, el calor no es tan sofocante como en verano y las lluvias aún no alejan a nadie de pasar las tardes en el mar. Es la época favorita del año para Nancy, a quien llamaremos así por seguridad. Sentada desde la orilla de su cama, la mujer de más de 40 años, afirma que ha perdido la cuenta del número de mujeres que ha ayudado a concluir embarazos no deseados, muchos de ellos, productos de violación o abuso sexual.
De 2021 al primer trimestre de 2022, en la entidad se tuvo registro de 14 interrupciones de embarazo por violación, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud de Guerrero en respuesta a una solicitud de información realizada como parte de este reportaje.
Según la dependencia, en 2021 se practicaron 10 abortos, dos de ellos a niñas de 13 años, mientras que de enero a marzo de 2022, se realizaron 4 abortos, uno de ellos a una pequeña de tan solo 9 años.
Las mujeres no identifican cuando son agredidas sexualmente por sus parejas, piensan que el sexo es una obligación dentro de la relación: “aquí es señalar que si la mujer es obligada a sostener relaciones, es violación, así como pasa con las niñas y adolescentes que son víctimas de abuso muchas veces por parte de familiares y se enfrentan a un embarazo infantil”, explica Nancy, quien, motivada por la realidad de su estado, comenzó a tejer redes de acompañamiento por el derecho a decidir sobre los cuerpos de niñas, jóvenes y mujeres dentro de un contexto de violencias normalizadas.
Nancy relata cómo suele ser el primer contacto con las mujeres que piden ayuda para la interrupción, “Me han contactado a través de redes sociales y por teléfono, por ejemplo, hay una señora de Xochistlahuaca, […] me contactó, le dije que consiguiera hacerse un ultrasonido para checar cuantas semanas tiene de embarazo”.
Fija la mirada en la pared, recuerda los casos en los que se ha acercado con las mujeres, resalta la importancia de pedir un ultrasonido no solo para calcular el tiempo de embarazo, sino también por seguridad propia, ya que con el estudio se asegura de acompañar a una mujer que sí está embarazada y no a alguien que le pueda hacer lo que llama una mala jugada.
La precaución de la acompañante está justificada, de acuerdo con el Código Penal del estado de Guerrero, a quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento de ésta, se le podría aplicar de uno a tres años de prisión.
Por ello, la acompañante no lleva un registro de los casos, pero tan solo en su memoria recuerda que al menos de 2010 a la fecha, ha brindado acompañamiento a por lo menos 100 mujeres.
Nancy cocina en el fogón de su casa pescado ojón, característico de la laguna, descansa junto a su pareja y a su perro antes de partir a la montaña a hablar sobre derechos sexuales. Ahí comparte más sobre su proceso para acompañar un aborto, detalla que luego de tener el ultrasonido, indica a la mujer el nombre y el lugar dónde puede conseguir el medicamento para interrumpir su embarazo, le dice el precio, la forma en que debe tomarlo y los posibles efectos secundarios.
“El protocolo que yo utilizo es el que utilizan en la Ciudad de México, dónde también está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y usan Misoprostol”. Nancy habla de un medicamento que actualmente está autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrumpir el embarazo.
El proceso que utiliza Nancy es de cuatro pastillas, dos de cada lado y a las otras cuatro horas otras dos pastillas. Sin embargo, la acompañanta menciona que en algunos casos puede ser necesaria una tercera dosis.
El medicamento no lo es todo. Para poder acompañar a la mujer o persona gestante que decide detener su embarazo, se recomienda tener a alguien a su lado para contener, sostener y atender las emociones del momento. Alguien atento a las necesidades e incluso posibles reacciones que el medicamento llegase a provocar.
“Yo siempre les pido que, como es a distancia, busquen a alguien de confianza, una amiga, un familiar, para que pueda estar cercana a ella y combinarlo […] con la medicina tradicional indígena, que los tecitos, que las hierbas, a lo mejor el temazcal que en algunas comunidades todavía lo hacen y tener todos los cuidados para ellas, cuando se puede”, son las palabras de Nancy quien suele mover sus manos al ritmo de su voz y parece que trata de atrapar sus palabras como si fueran a escapar de la habitación.
En Guerrero la forma de brindar el acompañamiento y que las mujeres tengan la oportunidad de elegir o no ejercer la maternidad deseada, es variada. Algunas recurren a la ayuda de las parteras. Nancy, quien toda su vida ha habitado en playas, en tierra de amapola y territorio del narco, ha sido testigo de cómo las mujeres de la comunidad acuden con las parteras y resuelven las interrupciones de embarazo de voz en voz y gracias a la medicina tradicional indígena.
“Si tú les preguntas sobre el aborto te van a decir que no, que eso es pecado que nunca lo harían, pero si les dices que hay una mujer a quien no le baja su regla, ellas ayudan, utilizan hierbas, puede ser el epazote, la ruda u otras que son propias de la comunidad y todas coinciden en que son amargas y lo que provoca el amargo es el vómito, las contracciones y eso hace que expulse el producto […] ellas creen que si lo divulgan por todos lados, se puede hacer mal uso y eso puede ocasionar un problema a la salud”, detalla.
Desde la experiencia de Nancy, la mujer que apoya la despenalización del aborto en Guerrero debe cambiar la estrategia para ayudar y tratar con víctimas de abuso sexual, más si son menores que necesitan abortar.
Los tiempos han cambiado en el estado. La ayuda se ha convertido en acompañamiento entre mujeres ante la violencia. Ellas han respondido con autocuidado colectivo, ellas son quienes trazan el camino hacia sus derechos.
Desafíar los estigmas del territorio: la lucha por los derecho sexuales
Las selvas con las montañas
Amanecen los trigales
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El territorio se expande, se recorre a través de un viaje en carretera, las palmeras son el distintivo de los lugares cercanos a la costa de Guerrero. A unos 32 kilómetros de Bajos del Ejido está Acapulco, uno de los municipios más conocidos del estado por ser un destino turístico. Ahí vive Verónica, de 34 años.
Vero, un diminutivo de cariño para ella, se identifica como mujer afroindígena, un mestizaje nacido entre la Costa Chica y la montaña, ella ha decidido no dar su nombre real por miedo a ser criminalizada por ayudar a mujeres a ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Para Verónica, brindar acompañamiento es abrazar desde el primer mensaje que envía, “yo le doy toda la seguridad a la chica que está del otro lado, aunque muchas veces no las conozca”. Habla de la primera vez que una usuaria le pidió apoyo para interrumpir su embarazo a través de la página de Facebook que administra. Entonces siguió el protocolo para acompañar, se contactó con ella por llamada telefónica, sumó a una de sus compañeras, quien se encargaría de dar seguimiento a ambas; a la joven del otro lado de la línea que necesitaba una interrupción y a Vero, que por primera vez experimentó los lazos que estaban creciendo a través de su teléfono.
Su primer acercamiento para acompañar abortos implicó tomar un taller dado por una amiga suya, ahí le hicieron preguntas sobre “¿qué era una acompañante?”, a lo que le contestaron: “no se trata de sentirse heroínas, tampoco puedes hacer de más cuando no se puede». Con estas respuestas y al tomar en cuenta cuestiones de salud, como no pasarse de las 12 semanas de gestación, más la toma de medicamentos en casa, se dio cuenta que podría ayudar a otras.
“Yo conozco a estas mujeres y las conozco desde su derecho a decidir interrumpir embarazos no deseados, no necesito saber más, […] tan simple como es su derecho”, explica.
En los tres años que lleva como acompañante, Vero dice que notó los impedimentos de no tener los recursos monetarios para realizar una interrupción, lo cual asegura que crea una violencia sistemática para la mujer que no puede adquirir las pastillas, que oscilan entre los 400 a 1200 pesos y mucho menos viajar a entidades donde abortar hasta las 12 semanas está permitido y no es sinónimo de ir a la cárcel.
De acuerdo a las causales para el aborto legal en los estados de Yucatán y Michoacán, se puede abortar por causas económicas graves, siempre y cuando se tengan al menos tres hijos. Situación que no se replica en Guerrero, una entidad con 3,668,973 habitantes en la que 971,439 están en pobreza extrema de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021.
Ante las diferentes condiciones de quienes la contactan, Vero busca los subsidios para pagar los medicamentos, las canaliza en caso de ser de municipios retirados; las comunica por medio de organizaciones que realizan un estudio socioeconómico o una donación de las usuarias que pueden pagarlo, no sólo para ellas, sino como un fondo para las que vienen después en busca de ayuda, así puede enviar por paquetería las pastillas.
Sobre el tema, Laura Romero del área de incidencia política de GIRE, una organización feminista enfocada en el aborto en México, comenta que existen comunidades en donde ni siquiera hay internet, donde hay un contraste del alcance de los servicios de salud en las diferentes entidades del país y de las necesidades de las mujeres de acuerdo a su contexto directo, “algunas mujeres tienen que migrar para abortar […] las mujeres de cierto nivel económico pueden viajar a Estados Unidos a realizarse un aborto, justo eso da pie a entender que los derechos pareciera que están sujetos también a una condición social para acceder a ellos”.
Al preguntarle a Vero sobre educación sexual en Guerrero, comparte que no todas tienen conocimiento de su cuerpo ni sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Hablar de servicios de salud y educación sexual dentro de escuelas y espacios abiertos sería un inicio; decirle a las y los adolescentes que pueden disfrutar una sexualidad libre y sin violencia, enseñarles a los niños y niñas conozcan su cuerpo y más aún hablar de abuso, privacidad e intimidad con ellos rompería estigmas dentro de la sociedad.
Vero afirma que el señalamiento por parte de su comunidad respecto al aborto genera miedo a las mujeres en la montaña, la costa y la urbe del estado, las condiciones sociales trastocan sentimientos muchas veces de culpa. Cuando una de ellas decide acercarse a una acompañante o colectiva siente más tranquilidad para apoyarse, puede tener la certeza de que se debe pelear por la autonomía sobre su cuerpo, que puede ser acompañada sin ser cuestionada y continuar con sus sueños: sus estudios o tal vez formar una familia adelante, pero sobretodo mantener una vida digna.
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El atardecer baja en las calles de Ayutla de los Libres, municipio a 140 kilómetros de Acapulco. Llegar al poblado desde la Costa del Pacífico implica un viaje en carretera de por lo menos dos horas y media, posiblemente tres hasta entrar a Costa Chica. A sus alrededores el olor a monte quemado inunda la nariz, en su entrada se encuentra el Hospital General, a pocas calles el mercado y más adelante la Plaza de la Paz.
Dentro del poblado está Maricruz, de 45 años, una mujer afromexicana procedente de la localidad Cruz Grande parte del municipio de Florencio Villarreal, lugar donde la población indigena es de 288 personas. Recientemente la población reconocida en el censo del INEGI como afrodescendiente es de 11 mil 430 a nivel municipal. Las mujeres afromexicanas apenas fueron reconocidas y en 2020 entraron en el censo de población del INEGI, siendo sólo un 2 por ciento de la población en el país.
Mari, prefiere ocultar su nombre real, aguarda en una terraza cerca de la plaza central de Ayutla. El viento mueve una piñata colgada en el techo mientras a lo lejos se escuchan risas de infantes, está sentada en medio de sillas de colores, se acomoda bajo la sombra y se alista para hablar respecto a los acompañamientos que ha realizado.
Dice que en un principio no lo pidió, sin embargo, desde antes de la pandemia en 2020 abordaba situaciones de violencia en las comunidades. Ante el confinamiento, Mari tuvo que buscar herramientas y aliadas para poder acuerpar y apoyar a las mujeres de su comunidad que empezaron a buscarla pues querían ayuda para interrumpir su embarazo.
“Me empezaron a buscar, muchas de ellas a través de mujeres que están en instituciones a ellas como mujeres y aliadas también les ponen un límite de que eso no se va a apoyar o no se va a llevar a cabo en los hospitales, y como que me buscaban: oye, tengo una usuaria que pide tal apoyo, ¿tú podrás hacerlo?”. Y así comenzó su labor.
Esto antes del Covid-19, pero con el programa gubernamental de aislamiento por la pandemia conocido como Quédate en casa, la situación se agudizó. Debido a la emergencia sanitaria, en los hospitales dejaron de repartir métodos anticonceptivos, “para conseguir un preservativo se debían dejar datos personales, lo cual provocaba que menos jóvenes se acercaran”, dice la acompañante.
Al cierre de unidades de salud se sumó el aumento de violencia intrafamiliar en hogares la cual incrementó embarazos no deseados, tan solo en adolescentes subió 20 por ciento de acuerdo con la Secretaría de Salud, además, el INEGI indicó que la alta tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El INEGI detalla también que en 2020 el 18.2 por ciento de los nacimientos en el estado de Guerrero fueron por madres adolescentes menores de 20 años.
En estos dos años de pandemia Maricruz recuerda haber acompañado a mujeres de 18 años, estudiantes y mujeres casadas y hacerles entrega de medicamentos, ya que, para muchas de las solicitantes, adquirirlos por su cuenta era un gasto fuerte que no podían solventar.
Muchas mujeres no se acercan al Hospital de Ayutla, cuenta Mari, ya que hay servidores públicos de salud que no cumplen protocolos y rompen el juramento hipocrático, vulneran los datos de la paciente con la comunidad o con la misma familia de la gestante.
“Desde hace muchos años siempre oímos: la jovencita de la prepa estaba embarazada, regresó y ya no estaba embarazada. Muchas tienen que salir a Acapulco o Chilpancingo, algunas otras hemos escuchado la historia de una mujer que estaba posiblemente embarazada, salió del pueblo y regresó muerta y su familia dijo, fue un apéndice, porque les da pena decir que murió por un embarazo”, explica Mari mientras se aprieta sus manos reposadas sobre la mesa que tiene frente a ella.
Pese a la violencia médica y obstétrica que pueden experimentar las mujeres, niñas y adolescentes que desean interrumpir su embarazo, Mari asegura que hay médicos privados que lo realizan a cierto costo. A su mente viene el Hospital de Ayutla, un lugar que tiene el equipo para realizar la interrupción, pero no lo hacen “porque simplemente no se hace y dejan el material guardado, empolvado”.
Para Maricruz no debería negarse el derecho a decidir a nadie, sobre todo en casos de violación los cuales se rigen por la Norma 046, la cual mantiene como urgente los casos de violencia sexual donde se requiere antención médica inmediata.
De acuerdo con la especialista en el área de Incidencia Política de GIRE, Laura Romero, en los últimos años muchas colectivas y organizaciones se han dado a la tarea de impulsar la despenalización a nivel local, son esfuerzos de grupos feministas organizándose para obtener derechos sexuales y reproductivos.
Maricruz no sólo habla de la falta atención en los servicios de salud pública en Costa Chica, “si en un parto hay violencia obstétrica, ahora imagínate una ILE (Interrupción Legal del Embarazo)”, exclama la guerrerense. Como mujer afromexicana siente el constante racismo, está presente en su vida, tal como lo contó al hablar del trato que reciben en los hospitales donde suelen ser agredidas solamente por su color de piel. “En una región como Costa Chica llena de hospitales con gente blanca, pues imaginense como nos tratan”.
En la región no hay políticas públicas especificas para los pueblos negros, menos en temas de salud para las mujeres “en el tema del derecho a decidir ni siquiera se nombra”, dice Mari.
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Guadalupe, a quien llamaremos de esta manera para proteger su identidad, reside en Cuajinicuilapa, municipio con límite en el estado de Oaxaca, región ubicada a 136 kilómetros de Ayutla de los Libres y denominada “La Perla Negra del Pacífico”. Al pisar las calles de dicho lugar se escucha a los habitantes decir: “Bienvenidos a tierra afromexicana”.
Ante la falta de un enfoque intercultural, Lupe menciona que las mujeres negras son hipersexualizadas por sus cuerpos, sin embargo ellas no buscan ser vistas de esa manera. Ella también explica la falta de políticas públicas debido al racismo estructural que existe en las instituciones de gobierno.
Frente a esta situación, las mujeres encaran la discriminación y en palabras de Maricruz de Ayutla “las políticas públicas así sean comunitarias o municipales deben ser con gente de la comunidad, porque sabemos el contexto, sabemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones”.
En esta situación, al no conocer una red específica de apoyo a mujeres afromexicanas, en las comunidades han formado aliadas, otras mujeres que también viven un contexto violento y discriminatorio.
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En Ayutla y Cuajinicuilapa el calor es similar, casi 38°C de temperatura dejan registros color marrón rojizo en la piel, la mayoría de los lugareños están acostumbrados. Algunas acompañantas viven con un perfil bajo para proteger a su familia de las amenazas de muerte que han recibido. En el caso de Mari, sabe que el acompañamiento salva a muchas, desde la incidencia en distintos talleres para hablar de derechos, hasta ocultar su labor para apoyar a las mujeres de la comunidad para no generar conflicto.
El sonido de las campanas retumba en la plaza a la vez que Maricruz recita a Julieta Paredes, feminista comunitaria de Bolivia.
“No todo está perdido, yo vengo a ofrecerte mi corazón. Yo creo que no vamos a perder nada mientras… tengamos nuestro corazón”, dice Maricruz mientras le salen lágrimas y ríe al saber que los lazos se tejen para salvar a más mujeres.
Su creación de redes inició en lo personal, desde una lucha comunitaria. Piensa en su hija, en un futuro donde ella pueda decidir sobre su cuerpo. Piensa en sus nietas, en el camino de incidir a que sea legal la interrupción y de dejar un semillita para que todas las mujeres tengan las mismas libertades.
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Entre el pitido de los coches de la avenida Reforma resaltan las anécdotas que narra Sandra, se encuentra de visita en la Ciudad de México. Se acomoda el pañuelo verde que rodea su cuello, se describe así misma como activista feminista rural, mujer indígena de la montaña alta y acompañante de aborto en Guerrero, razón por la que prefiere omitir su nombre. Tiene 33 años y sabe de las deficiencias que existen para las mujeres y el derecho a decidir en el estado que la ha visto crecer. “Hay una falta de voluntad para aplicar políticas públicas”, dice Sandra, quien cambió su nombre por seguridad.
La población indígena en Guerrero es de 515 mil 487 habitantes, de los cuales 274 mil 512 son mujeres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI. Las comunidades de Guerrero tienen muchas diferencias, sus territorios les han exigido otras formas de defensa, de cuidado e incluso de seguridad, y algunas otras se guían por usos y costumbres. “No pueden emplear una estrategia para todo […] el estado tiene siete regiones y cada región tiene un contexto distinto”, continúa mientras explica que no hay un avance respecto a los derechos sexuales y reproductivos para las y los adolescentes en uno de las zonas más turísticas de la República.
“En Guerrero hablamos que ya tiene una demanda y dos alertas de violencia de género -un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres-: la primera por violencia feminicida, la segunda por agravio comparado y esto hace hincapié a decir que el Estado no está cumpliendo o no está mirando las mujeres como sujetas de derechos”, cuenta Sandra.
Hablar de despenalizar el aborto, apostando por una vida libre de violencia para las mujeres, ha sido parte de las exigencias de las mujeres en Guerrero, ya que a pesar de que existían cuatro causales para que acceder a sus derechos: por violación, por malformaciones genéticas, por grave daño a la salud y negación del servicio, éstas no se cumplían.
Fotografía: Silvana Flores Sánchez
Hace unos años, Sandra acompañó a una adolescente de secundaria que fue llevada a una clínica privada donde le hicieron mal el legrado, es decir, un método de aborto utilizado cuando no se disponga de la aspiración o de los medicamentos para la interrupción del embarazo.
Días después ella ya no podía sentarse del dolor, la llevaron a urgencias. Los médicos, antes que preguntar su condición de salud, la criminalizaron, fue Sandy, cómo le dicen de cariño, quien tuvo que recordarle a los servidores públicos que aquella niña, la que estaba agonizando de dolor, era una víctima que necesitaba ser salvada.
Para Sandra en los hospitales hay dos caras, los aliados y los antiderechos; las primeras aliadas pueden ser enfermeras que sienten empatía, ellas buscan a la acompañante para que auxilie a una mujer que necesita apoyo. Sin embargo también hay personal de salud que informa a la policía sobre la solicitud de interrupción de embarazo de la paciente, lo que no solo termina en violar los derechos sexuales de las mujeres de Guerrero sino, en algunas ocasiones, lleva presas a quienes solamente querían decidir sobre sus cuerpos.
Sobre la narrativa antiderechos, Laura Romero, de GIRE, refiere que esta maneja que el embrión ya es un bebé y en estados donde se está penalizado el aborto a las mujeres se les tacha de asesinas y ellas corren el riesgo de tener una denuncia, esto da una pauta para mantener la maternidad como una función obligatoria de las mujeres.
Las acompañantes se saben en la tribu porque el acompañamiento no es sólo hacia afuera, es también con las mujeres y colectivas que se ayudan entre sí. Acompañar es reconocerse amorosas y reconocer el autocuidado, donde no solamente hacen comunidad, sino también es seguridad para ellas mismas.
Navegar a contracorriente, despenalizar el aborto en Guerrero
Fotografía: Montserrat Sánchez Maldonado
De céfiro es la colina
Y alegría en los manantiales
Por los caminos del sur
Es un silbido que viene del aire, el mismo que hace bailar los pañuelos verdes de Angie y Caro amarrados al cuello como si fueran al ritmo de una chilena, ese baile zapateado que lleva un paliacate ondulando en la mano.
Sentadas en una cafetería en el centro de Chilpancingo de los Bravos, Angie de la Rosa, abogada y miembro de Marea Verde Guerrero, es la primera en tomar asiento en una mesa del local. Con su cabello largo y negro reposando bajo sus hombros, la joven abogada recuerda que la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas llegó a estar congelada en el Congreso del estado.
El 28 de abril del 2022, el Congreso de Guerrero comenzó a trabajar sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, tras protestas de grupos de antiderechos y religiosos se suspendió la discusión. Con pancartas y paliacates color celeste, los llamados Provida, encabezaron una marcha el pasado martes 3 de mayo en las calles de Chilpancingo y pidieron a las autoridades “proteger las vidas”.
Desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y personas gestantes, es decir, ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.
En este sentido, “es importante que un juez o jueza haya pronunciado como inconstitucional judicializar a una mujer por abortar porque va en contra de los derechos humanos de las mujeres, ya que no se les puede criminalizar”, agrega Laura Romero de GIRE.
Pese a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes que ha visto e incluso vivido, Angie apela a la despenalización del aborto y a la lucha de los derechos sexuales y reproductivos para que sea una realidad poder decidir sobre la maternidad y no un privilegio el viajar a estados donde igualmente se está despenalizado la interrupción del embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa.
Carolina Gálvez, quien se identifica como afromestiza es amiga y compañera de lucha de Angie en Marea Verde, está sentada a su lado, reconoce cada una de las violencias que han narrado las mujeres de Guerrero, las sabe de amigas, vecinas y de las mujeres de su familia como el caso de su abuela paterna quien fue casada a los nueve años y tuvo su primer hijo en la adolescencia.
“En Guerrero no solo luchamos por la despenalización sino que desde Marea Verde queremos trabajar la prevención, queremos que se hable y enseñe educación sexual desde primarias, secundarias, preparatorias incluso, estamos luchando para que se hable del abuso sexual infantil porque es un hecho, tienen que hacer campañas de prevención, el Estado debe de proveer de sus derechos a estudiantes, jóvenes, niñas, mujeres”, declara Caro luego de intercambiar miradas de complicidad con Angie, para que ninguna de las infancias viva el mismo destino que su abuela y se conviertan en madres tan jóvenes.
Hasta el momento de la publicación de este reportaje, el área de prensa de la Secretaría de Salud de Guerrero y la Secretaría de Asuntos Indìgenas y Afromexicanos, no dieron respuesta a una petición de entrevista para hablar sobre salud sexual y reproductiva en la entidad.
Motivadas a que el cambio vendrá desde la lucha social, Caro afirma que en el feminismo que se impulsa y emerge de Marea Verde, es para todas y cada una de las mujeres.
Una de las polémicas que hubo durante la presentación de la iniciativa para la despenalización en la entidad, fue la inclusión del término “persona gestante”, puesto que algunas compañeras feministas no se mostraron de acuerdo en postular dicha expresión, sin embargo, para Carolina “las mujeres somos diversas y por ello la iniciativa debe partir de ese universo en el que quepamos todas”, sostiene la maestra en territorios de Marea Verde.
Como parte de la deuda a sus derechos sexuales y reproductivos que se tiene hacia niñas, mujeres y adolescentes, el Congreso del estado de Guerrero despenalizó el aborto. Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, la entidad del chilate y mezcal, ahora es el octavo estado en donde la maternidad podrá ser elegida.
El 17 de mayo, la lucha de las guerrerenses hizo historia, lograron que, con la aprobación de reforma al Código Penal, la interrupción del embarazo dejará de ser delito no solo para quien lo practique antes de las 12 semanas de gestación sino también para cualquiera que lo acompañe.
En la publicación del Periódico Oficial del gobierno del estado de Guerrero, se puntualiza que las reformas en materia de aborto, son de un asunto de salud pública que “pretende eliminar los casos de abortos clandestinos y disminuir la tasa de mortalidad por realizar dicho procedimiento de manera ilegal”.
El documento subraya la derogación en el Artículo 158 Aborto voluntario del Código Penal, para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el cual señala a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrán de uno a tres años de prisión, penas que, la nueva reforma califica como contrarias y lesivas al ejercicio pleno del derecho a la libertad reproductiva de la mujer para decidir ser o no madre.
Para Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, la reciente despenalización del aborto es sinónimo de libertad y seguridad. “Nosotras ahora podemos hablar abiertamente de acompañamiento, podemos hablar abiertamente de la información que en privado le hemos dado a muchas mujeres por muchos años y eso genera un clima de mayor seguridad”, dice.
Aunque en el ámbito legislativo la despenalización ya es un hecho, aún falta camino que recorrer en lo social, “aún no acepta del todo esta nueva libertad de las mujeres pero creemos que los cambios son graduales y que se van a ir generando…ya estamos canalizando a los hospitales para ver cual va a ser la reacción ”, señala la coordinadora del Observatorio.
Además, las reformas incluyen el término de “persona gestante” para así incluir a la diversidad sexual y con ello abarcar a personas que poseen la capacidad de gestar cuya identidad es distinta a la noción tradicional y cultural de mujer. “Un ejemplo son los hombres transgénero, que biológicamente conservan esta posibilidad”, se lee en la publicación.
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Caro y Angie sonríen, se miran y se sorprenden de lo que el movimiento ha logrado en poco más de tres años. A Caro se le iluminan los ojos y es cuando comienza a cantar su canción favorita, esa que le hace vibrar el corazón y hace que sus pies den pequeños giros en el aire mientras sigue sentada en la cafetería del centro del Chilpancingo desde donde entona Bella Ciao Feminista, esa resignifación de una lucha que es en París, Italia, y que hoy inunda el corazón de Caro…
Esta mañana, me he dado cuenta, que hay que luchar, que luchar, que luchar, char…esta mañana he decidido derrocar al capital. No somos 20, somos legiones, seremos más, miles más, miles más, más, más, oh compañera, hombro con hombro, nos vamos a liberar.
En este escenario es que intervienen las acompañantes. Ellas se conocen de voz en voz, una mujer o persona gestante recomienda a la otra, comparten su contacto y así nace la tribu. Las redes de acompañamiento se expanden cuando sube la marea.
Con la voz de Angie en coro, Caro sonríe y mueve las manos igual que una directora de orquesta y las detiene cuando termina la canción y dice que seguirá cantando hasta que en todo el país el derecho a decidir sea ley.
Esta historia se realizó en el programa Laboratorio de Historias Poderosas, una iniciativa de Chicas Poderosas, una comunidad y organización internacional sin fines de lucro que busca fomentar el desarrollo de las mujeres y las personas LGBTTQI+ en los medios de comunicación y crear oportunidades para que más voces sean escuchadas. El Laboratorio recibió el apoyo de la Open Society Foundations.
Los cinco equipos seleccionados recibieron apoyo financiero, participaron en talleres sobre periodismo feminista colaborativo y tuvieron un seguimiento editorial, de datos y de seguridad durante todo el proceso.
Autoras del reportaje:
Aurea Del Rosario
Silvana Flores
Montserrat Sánchez
Edición: Lizbeth Hernández
Verificación de datos: Daniela Mendoza, Liliana Elósegui y Melina Barbosa de Verificado.mx
Control de seguridad: Jes Ciacci
Coordinación del proyecto: Chicas Poderosas
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