Los centros de readaptación llevan décadas bajo el control de los reos, una situación que el Gobierno busca eliminar.
El sistema penitenciario de Honduras se enfrenta a una tarea colosal: recuperar el control de los centros penales, desde donde se dirige parte del crimen organizado en este pequeño país de América Central.
Calificadas incluso por el propio presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, como "escuelas del crimen", las prisiones históricamente han estado controladas por los propios reos. Y desde que fueron puestos entre rejas miembros de pandillas o de grupos violentos como la Mara Salvatrucha, la situación ha empeorado.
Según dijo la subdirectora del Centro de Prevención de la Tortura y Rehabilitación (CPTR), Alba Mejía, recuperar el control y la gobernabilidad de las envejecidas y saturadas cárceles llevará tiempo, ya que llevan décadas dominadas por los reclusos.
El CPTR es un organismo que vela por los derechos de aquéllos privados de libertad y ha estado trabajando para que el gobierno adopte políticas que permitan que los reos tengan mejores condiciones de vida.
Pero Mejía admite que reconducir la situación no es fácil y recomienda a las autoridades adoptar políticas que no estén enfocadas en la fuerza, pues eso "ya causó muertos y heridos, miedo de familiares".
Las palabras de la activista hacen referencia a los últimos hechos que provocaron más de una docena de muertos en varias cárceles cuando el gobierno reubicó a líderes de pandillas y de bandas de criminales, lo que desató una violenta reacción entre los reos.
Las prisiones de la capital, Tegucigalpa, y la norteña ciudad de San Pedro Sula, el segundo polo poblacional del país, sufrieron motines por el rechazo a la reubicación.
"Ganaremos esta batalla", afirmó el presidente hondureño. Su objetivo es lograr el control y gobernabilidad de los 24 centros penales y evitar que desde los mismos se ordenen asesinatos, extorsiones y otros actos delincuenciales, como según las autoridades ha ocurrido en el pasado.
Entre los problemas del sistema penitenciario hondureño también está la saturación: en sus 24 cárceles hay unas 15,200 personas entre rejas, cuando su capacidad es de unos 8,000 reclusos, dijo el subcomisionado Keneth Sabillón, subdirector del Instituto Penitenciario Nacional (IPN) de Honduras.
No obstante, Sabillón sostiene que la situación mejorará con la habilitación de tres nuevos centros penales, que crearán 6,000 nuevas plazas. Éstas se reparten entre el recientemente inaugurado de El Porvenir, en Francisco Morazán; el nuevo de San Pedro Sula, con capacidad de 2,400 reos y previsto para agosto, y el de Iguala (Santa Bárbara), que podrá albergar a 2,000 reclusos.
Según el presidente Hernández, el plan de las autoridades es segregar a los reclusos en función de su peligrosidad y no del lugar geográfico donde cometieron el delito, como ocurre actualmente. Esta práctica tiene como consecuencia que sicarios, extorsionadores, pandilleros, narcotraficantes y los que cometen faltas menores y administrativas compartan cárcel.
Además, a estos problemas se suma la extendida mora judicial: más del 70 por ciento de los reclusos se encuentran detenidos sin ser sentenciados por los tribunales, pues el poder judicial se encuentra saturado de casos, según han señalado los magistrados hondureños.
A pesar de todo, el presidente Hernández sostiene que impondrá la disciplina en las cárceles como parte de su política de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Y afirma que no permitirá que desde los centros penales se sigan impartiendo órdenes para asesinar personas ni extorsionar a empresarios y familias.
Para mostrar que se toma en serio su promesa, ha señalado que incluso baraja la opción de poner a los reos a realizar trabajos obligatorios. Una posibilidad rechazada por Mejía, que argumenta su prohibición en la legislación internacional, a menos que se trate de trabajo remunerado y forme parte del proceso de rehabilitación.
Así, el reto es grande en un país que aún recuerda bien la muerte de 361 reos en un incendio ocurrido el 14 de febrero del 2012 en la central ciudad de Comayagua, además de otro incidente similar en mayo del 2014, cuando fallecieron 107 reclusos al desatarse otro fuego en el centro penal de San Pedro Sula.