Extranjeros en su país

La República Dominicana padece la ausencia de un control ante la llegada constante de inmigrantes haitianos.

El único documento de identidad que Belina Derival posee es un papel amarillento, relleno a mano hace 28 años por un funcionario provincial en República Dominicana.

Derival lo desdobla con cuidado, ya que el papel está rasgado y podría terminar de romperse en cualquier momento. El documento es su partida de nacimiento en original. La lleva siempre encima, porque es la única forma de evitar que la deporten en uno de los habituales controles militares que hay en su ciudad, Jimaní, justo en la frontera con Haití.

"Ahora estoy sin nacionalidad", explica. Aunque nació en suelo dominicano, las autoridades se niegan desde 2008 a emitirle una cédula de identidad. "Me dijeron que no se puede dar un acta para sacar una cédula a los hijos de los extranjeros", cuenta.

Belina Derival se siente dominicana, aunque sus padres son originarios del vecino Haití, en la parte oeste de la isla caribeña de La Española. Su lengua materna es el castellano y apenas si tiene conocimientos del francés o el "creole" haitiano.

La ley también le da la razón: hasta 2010 rigió en República Dominicana el llamado "derecho de suelo" ("Ius soli", en latín), que le concedía la nacionalidad por haber nacido en territorio dominicano, pese a que sus padres eran extranjeros.

Pese a que la ley rige sólo hace cinco años, decenas de miles de descendientes de haitianos tienen desde hace mucho tiempo problemas para tramitar sus documentos y están en condición de apátridas. Las autoridades los eluden, cuenta Derival, o les sugieren directamente que tramiten un pasaporte haitiano.

"Me han paralizado la vida", dice. La joven de Jimaní no puede trabajar ni viajar, la universidad le permite por ahora seguir sus estudios de Derecho con la condición de que en algún momento presente sus documentos de identidad válidos. Eso debe ser a más tardar en dos años.

Los problemas de Derival están relacionados con las reformas migratorias dominicanas. El país ubicado en la parte este de La Española intenta desde hace años regular y limitar la inmigración desde Haití.

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Los inmigrantes de la empobrecida parte haitiana de la isla llegan desde hace décadas a República Dominicana, donde trabajan en la construcción, en labores domésticas o en el campo. Muchos, como el padre de Derival, son empleados como "braceros" bajo duras condiciones en el cultivo de caña de azúcar.

Se calcula que en la actualidad casi medio millón de haitianos viven y trabajan en República Dominicana. En el país hay además decenas de miles de descendientes de inmigrantes.

Los golpes de Estado y las revueltas populares que han convertido a Haití en el país más pobre del continente americano empujaron a muchos haitianos a la emigración, no sólo a Estados Unidos, sino también hacia la vecina República Dominicana.

"A medida que se produjeron las crisis políticas en Haití, a partir del (año) 91, 92, empezaron a darse olas migratorias significativas", explica en Santo Domingo Roque Feliz, director de Centro Bonó, una organización de derechos humanos cercana a la Iglesia.

Las autoridades dominicanas empezaron a aprobar desde mediados de los 2000 varias normas consecutivas para intentar detener el flujo de inmigrantes. Después de la reforma de la Constitución en 2010, el Tribunal Constitucional emitió en septiembre de 2013 una sentencia que causó indignación en todo el mundo.

La norma amenaza con convertir en parias de forma retroactiva a todos los hijos de inmigrantes nacidos en suelo dominicano desde 1929. Aunque hacía referencia a todos los extranjeros, quedaba claro que la sentencia estaba dirigida a los descendientes de haitianos.

"Nosotros, en su momento, lo llamamos un genocidio civil", recuerda Feliz. Algunas organizaciones internacionales cifraron el número de potenciales afectadas en más de de 200,000 personas.

Debido a las duras críticas internacionales, el gobierno de Danilo Medina aprobó en 2014 un "plan nacional de regularización" de extranjeros en República Dominicana, que prevé entre otras cosas que los dominicanos descendientes de haitianos sí puedan finalmente obtener un pasaporte.

La otra parte del plan prevé la regularización de miles de inmigrantes, así como la deportación de otros miles. Según cifras "aproximadas" que cita Centro Bonó, hasta julio de este año unas 240,000 personas habían obtenido un permiso de residencia a menudo limitado. A otros 45,000 se les negó esa autorización.

A ello habría que sumar unos 200,000 inmigrantes más, según cálculos, que posiblemente no se han reportado para el plan de regularización por miedo a ser expulsados. Ese grupo es ahora "susceptible de deportación", explica a la agencia dpa Feliz. El plazo para las inscripciones venció en junio de 2015.

La otra parte del problema son los dominicanos de origen haitiano que están en condición de parias por la arbitrariedad de las autoridades o porque no tienen partidas de nacimientos, por ejemplo porque nacieron en algún batey o caserío cercano a un ingenio azucarero. El número total de personas en esa situación se estima en alrededor de 100,000.

República Dominicana se siente atacada injustamente desde el extranjero por el debate migratorio. El tema se ha convertido en uno de los más sensibles en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha criticado en varias ocasiones al gobierno de Santo Domingo.

"Yo quiero regularizar, pero respetando los derechos de todas las personas", afirma el presidente Medina.

Para muchos observadores la crisis refleja también el rechazo social a los haitianos, mezclados a menudo con componentes raciales heredados de la diferenciación típica de la época colonial entre negros, por un lado, y mestizos y blancos, por el otro.

Se trata de personas que están siendo discriminadas "por sus nombres afrancesados, su raza o su origen", cree Pedro Cano. El trabajador social del Servicio Jesuita en Jimaní lleva años dando apoyo a inmigrantes en la zona fronteriza, donde los controles a personas de apariencia haitiana son habituales.

Los microbuses del transporte público son detenidos con frecuencia en controles militares, aunque no vengan del poblado hatiano de Malpasse, al otro lado de la frontera. Los soldados esperan identificar así a inmigrantes sin documentos válidos. A menudo piden dinero a los haitianos para dejarlos seguir camino.

En un pequeño autobús que viaja de Jimaní a Santo Domingo, por ejemplo, un joven haitiano tiene que pagar durante las seis horas de viaje tres veces a los militares 100 pesos dominicanos (un poco más de dos dólares al cambio) para que no lo bajen del vehículo, pese a que muestra el comprobante de que ha empezado los trámites del plan de regularización.

Algunos observadores consideran que la condena internacional ha impedido hasta ahora deportaciones masivas. Desde enero a abril, sin embargo, hubo muchas expulsiones desde Jimaní, cuenta Pedro Cano. "Eran redadas que se producían por las calles y en las mismas viviendas o en los trabajos", asegura. A los detenidos "no se les daba tiempo a que pudieran presentar un documento" y se les trasladaba de inmediato al otro lado de la frontera, dice.

El trabajador social cree que el objetivo era impedir que los afectados pudieran presentarse al plan de regularización antes de que venciera el plazo a mediados de año.