Foto: Getty Images
Una de las últimas propuestas decantadas de la administración de Donald Trump incide directamente en la población salvaje de caballos mustang. En los próximos 10 años, se pretende capturar cerca de 130 mil caballos salvajes en el oeste del país.
Además de mantenerlos en cautiverio, se pretende esterilizar de manera quirúrgica a varias yeguas.
La mayor parte de los ejemplares que existen en libertad se encuentran en el estado de Nevada y Utah. Tanto el presidente de la comisión de Interior, Raúl Grijalva, como el de la comisión de Asuntos Jurídicos, Jerrold Nadler, enviaron una carta a las autoridades del estado para asignar fondos de manera oficial al proyecto, programado para el verano próximo.
Esta especie es descendiente directo de caballos españoles, traídos al continente americano durante la Conquista del Nuevo Mundo en el siglo XVI. El nombre se deriva término mustengo, que quiere decir «bestia sin dueño«.
Además, pertenecen al género Equus, que se originó en Norteamérica hace 4 millones de años, y se extendió a Eurasia tras cruzar el Estrecho de Bering. Los últimos caballos norteamericanos prehistóricos se extinguieron hace aproximadamente 13 mil años.
Sin embargo, los mustang conservan características de supervivencia que datan de esa época y que los mantienen como los únicos caballos salvajes en Estados Unidos en la actualidad.
Diversos defensores de los caballos salvajes condenan abiertamente el proyecto, tanto por la captura como por la esterilización de las yeguas. Lo han condenado de «injustificado y cruel«, de acuerdo con la cobertura que hizo Desert News sobre el asunto.
Grace Kuhn, directora de comunicaciones de American Wild Horse Campaign, declaró lo siguiente con respecto a esta acción del gobierno estadounidense:
“No es una herramienta de gestión de la población. Es bastante bárbaro».
Las inconformidades han tenido alcances importantes. La semana pasada, Return to Freedom Wild Horse Conservation presentó una demanda en un tribunal federal de California para detener el plan. El argumento fue sencillo: afirmaron que el procedimiento es, en sus palabras, «peligroso, inhumano y un riesgo innecesario«.
Un comunicado proveniente de las autoridades locales afirmó que los caballos son animales que estaban sobrepoblando la región, con un 479 % por encima de la población objetivo. De acuerdo con BML, la agencia que se encargaría de privatizar a los animales, esto es un riesgo para los pastizales, que no pueden soportar un exceso de caballos que compiten por alimento y agua en la zona.
Los funcionarios de esta agencia expresaron que si las poblaciones de caballos salvajes no se controlan, se podría desatar un problema que podría costar al estado de Utah cerca de 5 mil millones de dólares. Además de impactar al gasto público, les tomaría cerca de una década resolver el problema.
BML asegura que, de no atenderse la problemática, podría resultar en una muerte dolorosa para los animales. Los pastizales, según su informe, están degradados por los incendios forestales y las constantes sequías en Utah. Sin embargo, grupos animalistas acusan a la agencia de un conflicto de interés por privatizar a los caballos, poniéndolos a disposición de sus propios intereses comerciales.
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